Durante la dictadura de Alejandro A. Lannuse, el 22 de agosto de 1972 la armada argentina asesinó a 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew. El fusilamiento de los presos políticos fue el primer gran acto del plan clandestino de represión que alcanzaría su mayor expresión con la última dictadura cívico-militar. A 53 años, Patricia Bullrich, negó a familiares de las víctimas actividades conmemorativas.
El 21 de agosto de 2003, por impulso del Presidente Néstor Kirchner, el Congreso Nacional sancionó la Ley 25.779 que declaró la nulidad absoluta de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final; lo que permitió la reapertura de cientos de juicios contra los genocidas responsables de la atroz dictadura cívico militar; y el fin de la impunidad.
Los abajo firmantes, integrantes de organismos de derechos humanos, comisiones por la memoria, áreas de derechos humanos de organizaciones sindicales, de universidades, de gestión pública, y del ámbito legislativo, entre otros sectores, nos unimos ante la detención y proscripción de Cristina Fernández y organizamos el espacio Derechos Humanos contra la proscripción: Cristina Libre. Nos reunimos porque entendemos que este hecho afecta a nuestra democracia y a los derechos constitucionales de todo el pueblo argentino.
En una contundente muestra de solidaridad se realizó una conferencia de prensa frente a los Juzgados del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir la reincorporación de Flavia Fernández Brozzi, integrante del Consejo Directivo de ATE Capital, abogada especializada en Derechos Humanos y querellante en causas por crímenes de lesa humanidad.
Marchamos con orgullo y convicción hacia Plaza de Mayo en una movilización masiva que paralizó el corazón de Buenos Aires. Lo hicimos con una mística que nos une, para defender la democracia y repudiar la injusta condena a nuestra expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Miles de compañeras y compañeros, junto a movimiento obrero en unidad, llenamos la plaza con el fervor de quienes no están dispuestos a ceder ante la proscripción ni el ataque a nuestros valores democráticos.
Desde ATE Capital denunciamos el despido de Flavia Fernández Brozzi, abogada especializada en Derechos Humanos, querellante en causas por crímenes de lesa humanidad, trabajadora del área de Derechos Humanos hace más de 20 años y responsable del área en nuestro sindicato. La solicitud fue presentada por el Subsecretario Alberto Baños ante el Ministerio de Justicia, sin causa alguna.
En un nuevo ataque sobre las políticas de derechos humanos de nuestro país, el gobierno anunció hoy la continuación del desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. A los más de 400 despidos que se sucedieron hasta marzo, ahora amenazan con la desvinculación de 170 trabajadores/as más y la baja de su categoría de Secretaría a Subsecretaría. Convocaron para el próximo viernes a realizar una caminata pacífica en el predio de la ex ESMA para denunciar el desmantelamiento y el despido del 80% del personal.
Repudiamos enérgicamente la represión sufrida por los jubilados y trabajadores, quienes ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente. El fotógrafo sufrió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza y lucha por su vida en inamisible en tiempos de democracia.
